INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-345/89 ( *1 )
I. Hechos y procedimiento
1. Marco jurídico
a) Disposiciones comunitarias
La Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, establece, en su artículo 5:
«1.
La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo [...] implica que se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo.
2.
Para ello, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de que:
a)
se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;
[...]
c)
se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato, cuando el deseo de protección que las inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; que, para las disposiciones convencionales de esa misma naturaleza, las partes sociales sean invitadas a proceder a las revisiones que sean convenientes.»
El apartado 3 del artículo 2 de la Directiva precisa no obstante que el texto «no obstará las disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad».
El artículo 9 prevé un plazo de treinta meses para adaptar el Derecho interno a la Directiva, pero, dado que existe una disposición particular, en lo que respecta a la primera parte de la letra c) del apartado 2 del artículo 5, el plazo venció el 14 de febrero de 1980.
b) Disposiciones francesas
El artículo L 213-1 del Código del Trabajo establece:
«No se podrá emplear a mujeres en ningún trabajo nocturno en fábricas, manufacturas, minas y canteras, obras, talleres y sus dependencias, de cualquier clase que sean, públicas o privadas, laicas o religiosas, aun cuando tales establecimientos estén dedicados a la enseñanza profesional o a la beneficencia, así como tampoco en las oficinas públicas y ministeriales, los despachos y establecimientos de profesiones liberales, sociedades civiles, sindicatos profesionales y asociaciones de cualquier tipo.»
No obstante, se prevén algunas excepciones, principalmente en las Leyes de 2 de enero de 1979 y de 19 de junio de 1987:
—
para las mujeres que ocupan puestos de dirección o de carácter técnico que impliquen cierta responsabilidad;
—
para las mujeres empleadas en los servicios de higiene y de bienestar que no ejecuten normalmente un trabajo manual;
—
cuando, debido a circunstancias especialmente graves, así lo exija el interés nacional y bajo determinados requisitos de forma.
Además, la Ordenanza (Reglamentación) no 82.41, de 16 de enero de 1982, permite a las empresas negociar la fijación del horario en que se prohibe el trabajo nocturno de las mujeres entre las 22.00 y las 7.00 horas de la mañana, sin perjuicio de que exista un convenio colectivo del sector de que se trata y un acuerdo de empresa, o, en su defecto, de la autorización del inspector de trabajo emitida previo informe de los representantes del personal.
Las infracciones a estas disposiciones se castigan con penas de multa.
La normativa francesa es conforme con el Convenio no 89 de la Organización Internacional del Trabajo (en lo sucesivo, «OIT»), de 9 de julio de 1948, que prohibe el trabajo nocturno de las mujeres, ratificado por Francia mediante la Ley de 21 de septiembre de 1953 y que no ha sido denunciado hasta la fecha. Este Convenio fue ratificado igualmente por Bélgica, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos, habiendo sido denunciado por estos tres últimos Estados en 1981, 1982 y 1972, respectivamente.
2. El litigio principal
El Sr. Alfred Stoeckel es director de Suma, SA, en Obenheim, empresa dedicada al embalaje de soportes de sonido y de imagen. Con ocasión de una reestructuración de la empresa, debida a la magnitud de la competencia extranjera, y para limitar la supresión de puestos de trabajo, el empresario y los sindicatos CFDT y CGC llegaron a un acuerdo el 30 de junio de 1988 por el que se organizaba un trabajo en equipo en cinco turnos de ocho horas para el conjunto del personal, incluidas las mujeres. De aquél se deducía principalmente que el trabajo nocturno de las mujeres acompañado de medidas especiales sería posible, excepcionalmente, previo acuerdo de las interesadas, si el personal femenino lo aceptaba voluntariamente mediante un voto mayoritario.
Con arreglo al artículo L 213-1 del Código del Trabajo, la entrada en vigor del acuerdo mencionado quedaba supeditada a la existencia y a la posibilidad de aplicar a la empresa un convenio o un acuerdo colectivo del ramo, que autorizara el trabajo nocturno de las mujeres.
A la sazón, Suma, SA, creía equivocadamente estar sometida al Convenio Colectivo de la Química, que no prevé esta posibilidad. Posteriormente, resultó que la actividad de esta empresa dependía del Convenio Colectivo del Metal, el cual permite el trabajo nocturno de las mujeres (Acuerdo Nacional de 17 de julio de 1986, extendido mediante resolución ministerial de 1 de octubre de 1987, JORF de 2.10.1987).
Suma, SA, solicitó la confirmación oficial de esta situación, que se produjo el 24 de noviembre de 1988, siendo, por consiguiente, reconocida como perteneciente al Sindicato del Metal del Bajo-Rin desde el 1 de octubre de 1988.
En consecuencia, el acuerdo de empresa suscrito el 30 de junio de 1988 que preveía el trabajo nocturno de las mujeres podía entrar en vigor el 1 de octubre de 1988.
Pero la inspección de trabajo no lo estimó así y levantó acta contra Suma, SA, tras comprobar que, el 28 de octubre de 1988 a las 0.30 horas, doce mujeres efectuaban trabajos de producción en las cadenas de montaje.
Entretanto, el sindicato CGT había emplazado a Suma, SA, en procedimiento de medidas provisionales, ante el tribunal de grande instance de Estrasburgo, con objeto de prohibir el trabajo nocturno de las mujeres en la fábrica de Obenheim.
Mediante resolución definitiva de 22 de diciembre de 1988, el Juez de medidas provisionales desestimó esta demanda declarando probada la pertenencia de Suma, SA, al Sindicato del Metal del Bajo-Rin y, en consecuencia, negando que en Suma, SA, se cumplieran las condiciones legales de la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres; consideró que el acuerdo de empresa de 30 de junio de 1988 no constituía una «perturbación ilícita manifiesta».
Sin embargo, el ministère public ejercitó una acción penal contra, el Sr. Stoeckel por infracción del artículo L 213-1 del Código del Trabajo. El Sr. Stoeckel sostuvo, ante el tribunal de police de Illkirch, que los artículos L 213-1 a L 213-6 del Código del Trabajo, que establecen la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, se oponen al artículo 5 de la Directiva 76/207, antes citada, y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en. su sentencia de 25 de octubre de 1988 (312/86), condenó a Francia por no haber adoptado las medidas necesarias para suprimir las desigualdades contrarias a la Directiva. Estima que los artículos L 213 y siguientes del Código del Trabajo cuya infracción es sancionada penalmente por el artículo R 261-7 del mismo texto legal, y el convenio colectivo de las industrias químicas que mantiene la discriminación, son contrarios a la Directiva 76/207 cuyos efectos obligatorios afectan tanto al legislador como a los agentes sociales.
Mediante resolución de 4 de octubre de 1989, el tribunal de police de Illkirch suspendió el procedimiento hasta el 5 de septiembre de 1990 y sometió al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Œs el artículo 5 de la Directiva de 9 de febrero de 1976 lo suficientemente preciso como para imponer a un Estado miembro la obligación de no consagrar en su legislación el principio de la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, tal como dicho principio figura en el artículo L 213-1 del Código del Trabajo francés?»
3. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
La resolución del tribunal de police de Illkirch se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de noviembre de 1989.
Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE presentaron observaciones escritas, el 15 de diciembre de 1989, el Sr. Alfred Stoeckel, representado por el Sr. Alexandre, Abogado de Estrasburgo; el 6 de febrero de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Marie Wolfcarius, en calidad de Agente; el 12 de febrero de 1990, el Gobierno francés, representado por la Sra. Edwige Belliard y el Sr. Marc Giacomini, en calidad de Agentes, y el 22 de febrero de 1990, el Gobierno italiano, representado por el Sr. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato.
II. Observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia
1. Alcance del artículo 5 de la Directiva 76/207
La parte demandada en el litigio principal alega la contradicción existente entre la legislación francesa y la Directiva 76/207, que es de carácter imperativo y efecto inmediato, una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho nacional a la Directiva. Recuerda que, mediante la sentencia de 25 de octubre de 1988, antes citada, el Tribunal de Justicia condenó a Francia por haber permitido la subsistencia de las disposiciones legales contrarias a la Directiva, sin demostrar que la desigualdad de trato se mantenía dentro de los límites trazados por aquélla. Afirma que el artículo L 213-1, que mantiene la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres sin reserva alguna, es discriminatorio y contrario a las disposiciones de la Directiva, y que lo mismo puede decirse del Convenio Colectivo de las Industrias Químicas que se invoca en contra.
El Gobierno francés recuerda que la normativa que prohibe el trabajo nocturno de las mujeres responde a un deseo de protección; esta normativa se aplica únicamente a aquellos sectores en que dicha prohibición parece necesaria, y conoce numerosas excepciones. Así, explica, la prohibición afecta a los trabajos de tipo industrial y no al carácter industrial de la empresa; además, las excepciones establecidas pretenden conciliar el deseo de proteger a la mano de obra femenina con el deseo de no privarla de oportunidades de empleo.
Y añade que, al supeditar determinadas excepciones a la celebración de acuerdos colectivos de ramo o de empresa, el legislador ha pretendido situar las excepciones en un contexto ventajoso para el personal femenino; tal es el caso precisamente del Acuerdo Nacional del Metal, cuyo objetivo es la amortización de equipos caros o la respuesta a pedidos urgentes. En cambio, las contrapartidas del trabajo nocturno son las reducciones de jornada o los incrementos salariales; a su juicio, los acuerdos han permitido a un tiempo evitar despidos del personal femenino, realizar nuevas contrataciones y mejorar la cualificación del personal femenino. Subraya por último que estos arreglos se aplican siempre sobre una base voluntaria, que afectan a un número limitado de mujeres y que se circunscriben a determinadas líneas de producción; y destaca la existencia de unos ochenta acuerdos de empresas sobre esta materia en el sector del metal.
Estima que el legislador francés ha agotado, dentro de los límites del Convenio no 89 de la OIT, la posibilidad de establecer excepciones al principio de prohibición y que ha creado las condiciones necesarias para que la negociación colectiva permita hacer más flexible su aplicación. Por consiguiente, el Gobierno francés afirma que el artículo 5 de la Directiva 76/207 no se opone al mantenimiento ni a la adopción de disposiciones que prohiban el trabajo nocturno de las mujeres.
El Gobierno italiano comparte este punto de vista, pues considera que, si bien una prohibición absoluta del trabajo nocturno de las mujeres puede considerarse incompatible con la Directiva, una prohibición flexible en función de las condiciones sociales, del medio ambiente y de trabajo puede considerarse todavía justificada.
En particular, el Gobierno italiano sugiere tener en cuenta el informe sobre esta materia elaborado por la OIT en 1989, destinado a establecer protecciones para los trabajadores nocturnos de uno y otro sexo. También se refiere a las conclusiones de la Comisión de las Comunidades Europeas en su comunicación sobre la «normativa para la protección de las mujeres en los Estados miembros» [COM(87) 105]. El Gobierno italiano subraya que no existen pruebas médicas que demuestren que el trabajo nocturno sea más penoso para las mujeres que para los hombres, excepción hecha del embarazo o del período posterior al nacimiento. No obstante, alega razones de tipo social y sostiene que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres puede justificarse, al menos, por dos razones: por una parte, las mujeres están más expuestas al riesgo de violencias y acosos sexuales; por otra, las mujeres soportan una carga de trabajo superior, derivada de sus responsabilidades familiares.
En consecuencia, si bien considera inaceptable el mantenimiento de la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres por implicar discriminaciones, no estima más aceptable agravar las condiciones del trabajo femenino. Afirma que la prohibición debería flexibilizarse para lograr un equilibrio entre las exigencias de igualdad de trato y las justificaciones de esta prohibición.
Aplicando los criterios formulados por la jurisprudencia, la Comisión afirma el efecto obligatorio de la Directiva 76/207 y, en particular, del apartado 1 de su artículo 5. Recuerda que en su comunicación de 20 de marzo de 1987 sobre las normativas para la protección de las mujeres en los Estados miembros [COM(87) 105 final], había clasificado la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres entre las disposiciones protectoras de carácter humanitario. Ahora bien, añade, la letra c) del apartado 2 del artículo 5 invita a los Estados miembros a revisar dichas disposiciones cuando el deseo de protección que las inspiró en un principio no tenga ya razón de ser.
Así, la Directiva no obsta a las disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad (apartado 3 del artículo 2), pero la Comisión recuerda que esta disposición es de interpretación estricta. A la luz de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, en particular la de 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84), y la de 25 de octubre de 1988, Comisión/Francia (312/86), la Comisión estima que una prohibición del trabajo nocturno que afecte a todas las mujeres excede de las medidas necesarias para proteger su condición biológica y debe considerarse desproporcionada, por su carácter general, frente al objetivo que puede deducirse del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva.
La Comisión recuerda las conclusiones formuladas en su comunicación de 20 de marzo de 1987, antes citada. En particular, estima que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato, salvo en los casos en que pueda demostrarse que una diferencia de trato está claramente justificada. A propósito del trabajo nocturno, declaró que el hecho de que sólo se prohiba a las mujeres tiene con frecuencia un efecto negativo sobre el empleo femenino, y, el 11 de diciembre de 1986, solicitó a los Estados miembros que garantizaran una mayor igualdad de oportunidades para la mujer dentro del mercado de trabajo y reconsideraran la necesidad de mantener ía normativa relativa al trabajo nocturno de la mujer en la industria. Desea que las medidas protectoras en la materia sean sustituidas por condiciones de trabajo inherentes al empleo, y aplicables por igual a hombres y mujeres. Por último, estima que el test psicológico es una vez más la «piedra de toque» en que se basan las legislaciones protectoras de la mujer.
La Comisión indica también que estas consideraciones anuncian posibles procedimientos por incumplimiento en contra de medidas protectoras de carácter discriminatorio en el ámbito nacional.
Por último, la Comisión se refiere al informe de 1989 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el trabajo nocturno; parece deducirse de él que, si bien es cierto que el trabajador nocturno debe ser objeto de medidas protectoras, no existe razón alguna —en especial de carácter médico— para limitarlas a la mano de obra femenina.
Por consiguiente, la Comisión concluye que el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva es suficientemente preciso para obligar a Francia a suprimir el principio de prohibición general del trabajo nocturno de la mujer.
2. Alcance del artículo 234 del Tratado CEE
La Comisión se pregunta si Francia puede justificar el mantenimiento de una normativa discriminatoria conforme con el Convenio Internacional no 89 de la OIT amparándose en el artículo 234 del Tratado CEE, ya que esta disposición establece que los Estados miembros eliminarán las incompatibilidades que se hayan observado entre los convenios celebrados con anterioridad y el Tratado.
Propone una interpretación del artículo 234 que concilla la aplicación del Derecho comunitario entre Estados miembros con el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros frente a terceros Estados que son parte en el Convenio de la OIT.
Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión considera que el artículo 234 no exime a Francia de sus obligaciones frente a terceros Estados, cuando peligran los derechos de estos Estados. Teniendo en cuenta el mecanismo original de los convenios de la OIT, estima que Francia, que no ha denunciado el Convenio no 89, sigue obligada, con arreglo al apartado 1 del artículo 234, a respetar sus obligaciones frente a los demás Estados parte. No obstante, dado que este Convenio era incompatible con el principio de igualdad de trato formulado por la Directiva 76/207, incumbía a Francia, a tenor del apartado 2 del artículo 234, «recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado». De suerte que, según la Comisión, Francia debía o extender la prohibición del trabajo nocturno a los hombres para conseguir condiciones de trabajo más favorables que las previstas por el Convenio, hipótesis admitida por el párrafo octavo del artículo 19 de la Constitución de la OIT, o abolir la prohibición, lo que implicaba la denuncia del Convenio no 89.
No obstante, en atención al mecanismo de denuncia del Convenio, Francia hubiera debido denunciar dicho texto legal dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 27 de febrero de 1981; en su defecto, no podrá hacerlo hasta el 27 de febrero de 1991. La Comisión considera que, con su abstención, Francia quedó vinculada a los otros Estados parte en el Convenio de la OIT por un período de diez años, durante el cual no puede revisar su normativa, si no fuere para extender a los hombres la prohibición del trabajo nocturno. Estima que el respeto de los derechos de terceros Estados que deriva de ello no puede lesionar los derechos de los nacionales de la Comunidad ni privarles del derecho que atribuye la Directiva y que Francia se comprometió a incorporar a su Derecho interno antes del 14 de febrero de 1980.
Alega que no puede admitirse que la aplicación de una Directiva dependa de la facultad de apreciación de un Estado miembro que puede «abstenerse» de denunciar el Convenio —en el presente caso, en el próximo plazo de 1991— y continúe prevaliéndose de sus obligaciones internacionales para negar a los nacionales de la Comunidad el derecho que confiere la Directiva.
La Comisión afirma que, cuando un Estado miembro no ha denunciado un convenio internacional contrario al Derecho comunitario pudiendo haberlo hecho, el Juez nacional debe negarse a aplicar la normativa contraria al principio de igualdad de trato a los nacionales de la Comunidad y aplicarles la Directiva.
A juicio de la Comisión, de ello se deduce que en el presente caso la inaplicabilidad de la norma se limitará'a los nacionales de la Comunidad, pero que, en cambio, Francia seguirá respetando el Convenio de la OIT frente a' los nacionales de terceros Estados hasta la denuncia del texto mencionado.
III. Respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia
En respuesta a la pregunta del Tribunal de Justicia, la Comisión facilitó informaciones en su poder, relativas a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el trabajo nocturno de las mujeres en los otros Estado miembros.
En Bélgica y Portugal existe una prohibición de principio, pero se permiten excepciones a la misma. En Grecia e Italia, la prohibición se limita a determinadas horas en ciertos sectores de actividad y se establecen excepciones. En Alemania, a nivel federal, la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres entre 20.00 y 6.00 horas y durante al menos siete horas consecutivas admite excepciones en varios sectores; en los Länder, las mujeres pueden realizar trabajos nocturnos en las mismas condiciones que los hombres, pero los Länder pueden imponer prohibiciones o limitaciones. En España, el trabajo nocturno de las mujeres está permitido sin perjuicio de un aumento de remuneración, mientras que en Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido existe una autorización general del trabajo nocturno, salvo, en ocasiones, para las mujeres encinta.
Gordon Slynn
Juez Ponente
( *1 ) Lengua de procedimiento: francés.
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