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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. - Incumplimiento de Estado - Artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva 96/59/CE, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB y PCT). - Asunto C-47/01.
Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-08231
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Recurso por incumplimiento - Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia - Situación que debe considerarse - Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado
(Art. 226 CE)
PartesEn el asunto C-47/01,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Reino de España, representado por el Sr. S. Ortiz Vaamonde, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243, p. 31), al no haber elaborado, o en cualquier caso al no haber comunicado a la Comisión, el plan, el proyecto y el resumen del inventario exigidos por los artículos 4, apartado 1, y 11 de dicha Directiva,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por los Sres. S. von Bahr, Presidente de Sala, D.A.O. Edward y A. La Pergola (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. R. Grass;
visto el informe del Juez Ponente;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de junio de 2002;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia1 Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 226 CE, con el fin de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243, p. 31; en lo sucesivo, «Directiva»), al no haber elaborado, o en cualquier caso al no haberle comunicado el plan, el proyecto y el resumen del inventario exigidos por los artículos 4, apartado 1, y 11 de dicha Directiva.
2 A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva:
«La presente Directiva tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la eliminación controlada de los PCB, la descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCB y la eliminación de PCB usados a fin de eliminarlos completamente con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva.»
3 El artículo 4, apartado 1, de la Directiva dispone lo siguiente:
«A fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 3, los Estados miembros garantizarán que se realicen inventarios de los aparatos que contengan un volumen de PCB superior a 5 dm3, y enviarán un resumen de dichos inventarios a la Comisión a más tardar tres años después de la adopción de la presente Directiva. En el caso de los condensadores eléctricos, debe entenderse que el límite de 5 dm3 incluye el conjunto de los distintos elementos de una unidad completa.»
4 Según el artículo 11 de la Directiva:
«1. En un plazo de tres años después de la adopción de la presente Directiva, los Estados miembros elaborarán:
- un plan para la descontaminación y la eliminación de los aparatos que figuran en el inventario y de los PCB que éstos contengan;
- un proyecto de recogida y posterior eliminación de los aparatos que no estén sometidos a inventario de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, tal como prevé el apartado 3 del artículo 6.
2. Los Estados miembros comunicarán sin demora dichos planes y proyectos a la Comisión.»
5 En virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva, ésta entró en vigor el día de su aprobación, a saber, el 16 de septiembre de 1996.
6 Habida cuenta de que el Reino de España no había informado a la Comisión de las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a los artículos 4 y 11 de la Directiva al expirar el plazo fijado en ésta, la Comisión requirió al Reino de España, mediante escrito de 11 de abril de 2000, para que presentara sus observaciones al respecto en un plazo de dos meses, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 226 CE.
7 Mediante escrito de 20 de junio de 2000, el Reino de España respondió al escrito de la Comisión indicando que se había finalizado un borrador de inventario, plan de descontaminación y eliminación y proyecto de recogida y eliminación. Mediante escritos de 14 y 22 de agosto y 12 de septiembre de 2000, las autoridades españolas remitieron a la Comisión copia del borrador del Plan Nacional de descontaminación y eliminación de PEC/PCT y de los aparatos que los contengan.
8 Considerando que la información aportada mostraba que el Reino de España seguía incumpliendo las obligaciones impuestas por los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva, la Comisión remitió el 18 de septiembre de 2000, con arreglo a los previsto en el artículo 226 CE, un dictamen motivado en el que le requería para que adoptase las medidas necesarias para atenerse al mismo en un plazo de dos meses a contar desde su notificación.
9 El 6 de noviembre de 2000, en respuesta al dictamen motivado, las autoridades españolas enviaron copia del anuncio por el que se sometía a información pública la resolución del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente sobre el Plan Nacional de descontaminación y eliminación de los vertidos de PCB y de PCT y de los aparatos que los contengan.
10 Considerando que el Reino de España no había cumplido las obligaciones derivadas de la Directiva, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
11 La Comisión alega en su recurso que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al no haber elaborado y/o comunicado en el plazo fijado el plan, el proyecto y el resumen de inventario exigidos por los artículos 4, apartado 1, y 11 de dicha Directiva.
12 En su escrito de contestación, el Reino de España niega el incumplimiento. Alega que el Plan Nacional de descontaminación y eliminación de los vertidos de PCB y de PCT y de los aparatos que los contengan ha sido aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de abril de 2001, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto (BOE nº 206, de 28 de agosto de 1999, p. 31911), que adapta el Derecho nacional a la Directiva. Además, dicho plan fue notificado seguidamente a la Comisión.
13 La Comisión alega en su escrito de réplica que el mencionado Plan Nacional no constituye una respuesta al incumplimiento constatado, por haber sido adoptado tras la expiración del plazo establecido en el dictamen motivado e incluso con posterioridad a la presentación del recurso. Con carácter subsidiario, la Comisión alega que el contenido de dicho Plan no cumple los requisitos exigidos por la Directiva.
14 En su escrito de dúplica, España impugna las alegaciones de la Comisión sobre el contenido del Plan Nacional y alega que dicho contenido se ajusta a los requisitos de la Directiva, remitiéndose para ello a consideraciones de carácter técnico.
15 A este respecto, hay que recordar que, según jurisprudencia reiterada, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado y que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 6 de diciembre de 2001, Comisión/Italia, C-148/00, Rec. p. I-9823, apartado 7, y de 16 de mayo de 2002, Comisión/Luxemburgo, C-372/01, Rec. p. I-0000, apartado 7).
16 Pues bien, ha quedado acreditado que el Plan Nacional de descontaminación y eliminación de los vertidos de PCB y de PCT y de los aparatos que los contengan ha sido aprobado, publicado y comunicado a la Comisión tras la expiración del plazo de dos meses establecido en el dictamen motivado.
17 En estas circunstancias, el recurso interpuesto por la Comisión debe considerarse fundado.
18 Por consiguiente, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva, al no haber comunicado a la Comisión en el plazo señalado para ello un resumen de los inventarios de los aparatos que contienen un volumen de PCB superior a 5 dm3, un plan para la descontaminación y/o la eliminación de los aparatos inventariados y de los PCB que éstos contienen, así como un proyecto de recogida y posterior eliminación de los aparatos que no son objeto de inventario de conformidad con estas disposiciones de la mencionada Directiva.
Decisión sobre las costasCostas
19 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La Comisión ha pedido que se condene al Reino de España. Al haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
Parte dispositivaEn virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:
1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT), al no haber comunicado a la Comisión en el plazo señalado para ello un resumen de los inventarios de los aparatos que contienen un volumen de PCB superior a 5 dm3, un plan para la descontaminación y/o la eliminación de los aparatos inventariados y de los PCB que éstos contienen, así como un proyecto de recogida y posterior eliminación de los aparatos que no son objeto de inventario de conformidad con estas disposiciones de la mencionada Directiva.
2) Condenar en costas al Reino de España.
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